08 noviembre 2019
Ep.
El equipo de gobierno de la Diputación de Badajoz ha invitado al Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de la capital pacense a presentar una querella criminal "contra todo el gobierno provincial", puesto que "la decisión y la responsabilidad" de vincular la concesión de subvenciones a los municipios pacenses al cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica "fue en todo momento compartida".
"Ante las recientes informaciones sobre la presentación de una querella criminal contra el presidente de la diputación por presunta prevaricación aquí estamos todos los diputados y diputadas de la pasada legislatura para invitar a ese concejal del Ayuntamiento de Badajoz, o a los que quieran y entiendan que tienen que apoyarlo, a que presenten la querella contra todo el gobierno provincial", ha expuesto el vicepresidente tercero de la institución provincial, Ramón Ropero.
Y es que, según ha defendido, "la decisión y la responsabilidad" de vincular la concesión de subvenciones a la Memoria Histórica "fue en todo momento compartida", a la vez que ha recalcado que "presentar querellas con el dinero público no parece que sea de recibo" y que si Vox quiere presentar "una o 16" que las interponga "con su dinero directamente".
"Todos los que estamos aquí haciendo esta comparecencia somos tan responsables como Miguel Ángel Gallardo de los acuerdos del pleno de esta corporación", ha garantizado, acompañado de diputados del PSOE de la anterior y de la actual corporación provincial, en una rueda de prensa en la que ha respondido a la moción de Vox en el Ayuntamiento de Badajoz en la que el portavoz de dicha formación Alejandro Vélez propone para su aprobación por parte del pleno exigir a la diputación que abone las cantidades que adeuda al consistorio.
También pide Vélez reprobar al presidente de la diputación, Miguel Ángel Gallardo, "por haber atentado contra los intereses del Ayuntamiento de Badajoz", así como encargar a los servicios jurídicos del consistorio la presentación de una querella criminal por presunta prevaricación contra Gallardo.
APOYO Y SOLIDARIDAD CON GALLARDO
Ante esta moción, Ropero ha querido mostrar a todos los ciudadanos de la provincia el "apoyo y solidaridad" de los diputados socialistas con Gallardo, ausente en la comparecencia, al tiempo que ha recordado que la retirada de subvenciones "no fue una ocurrencia de Gallardo como dicen algunos" y "como de forma despectiva se ha calificado por parte de Vox la iniciativa de la diputación".
"Es la propia Ley de Memoria Histórica la que impone la retirada de los símbolos franquistas, y contempla entre las medidas a emplear la retirada de ayudas y subvenciones públicas", ha rememorado, para reconocer que "sin establecer cómo y con qué procedimiento, que es precisamente lo que cuestiona el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura en su sentencia".
No obstante, ha matizado que el TSJEx "no rechaza" que puedan vincularse las ayudas al cumplimiento de una determinada ley, sino que "cuestiona la interpretación que ha hecho la diputación sobre la aplicación de esta ley" y "precisamente por las lagunas que tiene esa ley de cómo abordar esa retirada de ayudas".
A este respecto, ha apuntillado que la corporación provincial podría optado por hacer lo que habían hecho hasta ahora el resto de administraciones públicas españolas, "es decir nada", y ante lo cual ha defendido que la provincia de Badajoz es la "única" en España que ha quitado el 99,4 por ciento de los vestigios de la Guerra Civil española o del Franquismo en sus pueblos, "excepto" en la ciudad de Badajoz y en su pedanía de Villafranco del Guadiana.
COMITÉ PROVINCIAL DE EXPERTOS
Sobre las últimas sentencias del TSJEx en alusión a este mismo asunto, Ropero ha matizado que desde el punto de vista jurídico "resulta evidente" que esta sentencia "viene a cuestionar las competencias y las reconsideraciones del Comité Provincial de Expertos", al señalar que el catálogo de vestigios franquistas "no tiene por qué ser asumido por los ayuntamientos dentro de su autonomía", y acerca de lo cual ha explicado que dicho comité "vino a cubrir un vacío de legal en la determinación de quién y con qué criterios se identificaban los vestigios".
Del mismo modo, ha agregado que las bases reguladoras articulaban un procedimiento para llevar a cabo la retirada de las ayudas "condicionando las mismas al cumplimiento de esas recomendaciones", pese a lo cual se trata de un escenario que "está hoy completamente superado afortunadamente" y "no" por la sentencia del TSJEx, sino por la Ley 1/2019 de Memoria Histórica y Democrática de Extremadura que "ha venido a suplir la laguna de la Ley nacional del año 2007".
"Lo que resulta obvio", ha dicho, es que se trata de una norma que "ya vincula" la negativa de eliminar los vestigios a la retirada del derecho a obtener subvenciones, así como la tipificada de infracciones y sanciones articulando un procedimiento para ello, un nuevo marco jurídico que no estaba en vigor cuando se aprobaron las convocatorias de la diputación que han sido impugnadas, ha insistido.
"NO TIENE INTENCIÓN DE RECURRIR"
Ante ello, Ramón Ropero ha anunciado que la corporación provincial "no tiene intención de presentar recurso en principio" de casación ante el Tribunal Supremo al disponer de una ley "que viene a respaldar la retirada de subvenciones a todas aquellas instituciones que incumplan dicha ley", y que el Ayuntamiento de Badajoz "tiene conocimiento" de dicha decisión de no recurrir ante el Supremo "de momento".
También tiene conocimiento el consistorio de la "voluntad" de la corporación provincial de abonar las cuantías de las ayudas "denegadas", un millón en el caso de la ciudad de Badajoz, 168.000 euros a Guadiana y 101.000 a Villafranco, "por estos motivos sin necesidad de esperar a la resolución de los procedimientos judiciales que están pendientes", algo que "sabe" el alcalde de la capital pacense, Francisco Javier Fragoso, tanto a través de los servicios jurídicos como de forma personal por él mismo, con quien ha hablado en tres ocasiones y la última este jueves antes de conocerse la moción de Vox.
Por último, y en alusión a dicha moción, ha reconocido que "no" le "gustaría" que llegara a pleno, aunque sí le "interesaría" conocer la posición de los grupos del ayuntamiento, al tiempo que ha sostenido que la presentación de una posible querella criminal "no obedece ni responde sino al más profundo resentimiento y frustración" de un partido de "extrema derecha que se ha colado en el ayuntamiento".
Ha concluido exponiendo que está impulsada por quien "a costa del erario público quiere vengarse por haber tenido que asistir a la particular exhumación del escudo y la placa que, con tanto ahínco, se empeñó en mantener en la fachada de su ayuntamiento" en alusión al exalcalde de Guadiana, Antonio Pozo Pitel.
