22 noviembre 2024
El Portal de Transparencia de la Junta de Extremadura ha publicado este viernes el período de sugerencias para el anteproyecto de Ley de Cohesión e Igualdad Territorial de Extremadura, que estará abierto durante quince días.
En concreto, esta normativa, que consta de 29 artículos, pretende regular y establecer principios y medidas encaminadas a materializar el desarrollo territorial equilibrado de Extremadura, prestando especial atención a la necesidad de "garantizar un crecimiento adecuado de los municipios que transforme la región en un territorio cohesionado que favorezca la distribución justa de oportunidades en la región", según informa la Junta en una nota de prensa.
Por ello, la ley persigue la "adopción de medidas de gobernanza territorial integradora a través de la necesaria coordinación administrativa; la participación ciudadana y la colaboración público-privada", señala.
Algo que pretende hacer regulando las líneas generales para la vertebración del territorio extremeño centrándose en una planificación estratégica integral, en la organización funcional del territorio regional y en el sistema de infraestructuras, como elementos primordiales para garantizar la cohesión territorial; así como previendo medidas de impulso territorial a través de la activación económica y el acceso a los equipamientos de servicios públicos.
Además, establece la creación del sello de reconocimiento social al desarrollo sostenible e integrador de Extremadura, con dos categorías, la de responsabilidad social territorial y la de garantía rural.
Otro aspecto destacado de la normativa, apunta el Ejecutivo regional, es que promueve la igualdad de oportunidades y justicia desde la perspectiva fiscal para las personas residentes en las zonas rurales escasamente pobladas, como son los núcleos de población que en su momento quedaron fuera del ámbito de aplicación de las medidas tributarias contempladas en la Ley 3/2022, de 17 de marzo, de medidas ante el reto demográfico y territorial de Extremadura.
Para ello se crea el censo a efectos de reconocimiento de beneficios fiscales de núcleos de población que no son municipios ni entidades locales menores, y que pertenecen a un municipio de más de 3.000 habitantes y sus diseminados.
