08 noviembre 2019
La Junta de Gobierno Local de Mérida ha aprobado este viernes el pago de 251.263 euros para los beneficiarios con el objetivo de derribar el edifico actual y ampliar la vía pública.
En concreto, se trata de "un paso más" para el derribo del solar ubicado en la barriada de Las Abadías, tal y como ha explicado la portavoz municipal y alcaldesa en funciones, Carmen Yáñez.
Durante una rueda de prensa, la edil socialista ha subrayado que el Ayuntamiento decidió adquirir este solar vía expropiación con cargo al superávit económico que obtuvo el equipo de Gobierno en el pasado año.
De este modo, la Junta de Gobierno Local ha aprobado el gasto y la autorización a suscribir las actas de ocupación y el pago de la expropiación del edificio, ubicado en la avenida Vía de la Plata, con el que se conseguirá aumentar la vía pública.
En este sentido, Yáñez ha defendido que "el equipo de Gobierno sigue ampliando el patrimonio municipal, en esta ocasión, para aumentar la vía pública y solventar problemas de visibilidad en esta zona de la capital extremeña”.
Además, la concejala ha querido aclarar que el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) "es el que concedió a este solar la catalogación de viario, por lo que en realidad estas edificaciones deben ser derribadas”.
De esta forma, se compensará a los propietarios con el pago de 251.263 euros, “un justiprecio fijado por el Jurado Autonómico de Valoraciones que es quien establece los precios en casos de expropiaciones”, precisa Yáñez.
Según detalla el Ayuntamiento en una nota de prensa, el solar, ubicado en la avenida Vía de la Plata Nº5, se derruirá para permitir mayor visibilidad junto a la Ronda de los Eméritos y crear nuevo espacio abierto de uso viario.
SANCIÓN ECONÓMICA
Por otro lado, la Junta de Gobierno Local ha aprobado interponer a la empresa ‘Melmomar Consultoría y Obras S.L.’ responsable de las mejoras de pavimentación en los parques infantiles de Gabriel y Galán y Zona Sur, una sanción económica por incumplimiento contractual de los plazos de ejecución de dichas intervenciones.
De esta forma, al no haberse cumplido los plazos especificados en el pliego de cláusulas administrativas especificadas en la adjudicación y licitación de estas obras, el equipo de Gobierno sanciona a la empresa con un total de 1.192’80 euros por una demora en la ejecución y entrega de la obra de 23 días.
Y es que al superar el 50% del plazo previsto se califica como “incumplimiento contractual muy grave” y por este motivo se le aplica el régimen sancionador, ha especificado Yáñez.
De esta forma, resulta que el importe de adjudicación sin IVA es de 52.800 euros, mientras que la multa por incumplimiento de plazos sería del 0’9%, es decir, de 475’20 euros.
Además, según la portavoz municipal, se le aplica la demora en la ejecución, 0’60 euros por cada mil euros del precio contratado. 23 días de retraso, es decir, 717’60 euros.
Por lo tanto, la cuantía de la penalidad es de 1.192’80 euros, ha sentenciado.
